El Gobierno está formado por el Rey (lo que en la Constitución significa tanto rey como reina) y los ministros. Esta interpretación del concepto ‘Gobierno’, en el que el jefe de Estado forma parte del Gobierno, no es usual en muchas otras monarquías de Europa occidental. En ellas, el Gobierno sólo se compone de ministros. Desde la drástica revisión de la Constitución en 1848, los Países Bajos son una monarquía constitucional con un sistema parlamentario. ‘Monarquía constitucional’ significa que la Constitución determina el poder del monarca heredero. La Constitución regula la división de las competencias de poder entre el Rey y otras entidades del Estado. Los ministros son los que han de responder ante el Parlamento por las actuaciones del Gobierno. El Rey no tiene ninguna responsabilidad política y, por tanto, no puede ser convocado por el Parlamento para rendir cuentas.

La Reina Beatrix durante el Día del Niño

Una de las muchas funciones del Rey como jefe de Estado es pronunciar anualmente el Troonrede, o Discurso de Apertura del Parlamento, el Día de los Príncipes (=3D Prinsjesdag: tiene lugar cada año el tercer martes del mes de septiembre). En el Troonrede se exponen los planes del Gobierno para el siguiente año.

El Rey también desempeña un papel importante en la formación de los gabinetes. Después de las elecciones, el Rey consulta con los jefes de los grupos parlamentarios, los presidentes de la Primera y de la Segunda Cámara del Parlamento, y el vicepresidente del Consejo de Estado. Basándose en sus consejos, el Rey nombra a un ‘informador’: una persona encargada de examinar qué partidos estarían dispuestos a formar juntos el nuevo gabinete pues, hasta la fecha, no ha habido ningún partido que haya logrado alcanzar la mayoría en unas elecciones. Si está claro qué partidos están dispuestos a formar juntos el Gobierno, no es preciso nombrar a un informador. El resultado de las negociaciones entre los partidos se denomina ‘Acuerdo de Gobierno’. En este Acuerdo de Gobierno se describen los planes de la coalición para el siguiente periodo gubernamental de cuatro años. A continuación, el Rey nombra a un ‘formador’, encargado de formar un gabinete. El formador suele convertirse en el presidente del nuevo Gobierno. Después de finalizar su primera reunión, el Rey toma juramento a los nuevos ministros, los cuales son nombrados por Real Decreto. En la práctica, esto significa que los ministros mismos deciden sobre su nombramiento. El Rey avala su decisión; el presidente del Gobierno firma en nombre de los ministros. Aparte de estas tareas oficiales, el jefe del Estado se reúne con regularidad con el presidente del Gobierno, otros políticos y personas prominentes del mundo económico y cultural.

Todos los ministros juntos forman el consejo de ministros, cuyo presidente es el presidente del Gobierno. Las tareas del Gobierno están a cargo de los ministros. Entre estas tareas se encuentran la gestión ejecutiva, la preparación de la legislación, la ejecución de leyes, la supervisión de las provincias y los municipios, y las relaciones exteriores. En total hay 15 ministros que se responsabilizan de lo siguiente:

· Asuntos Generales
· Interior y Relaciones del Reino
· Grandes Ciudades e Integración de Minorías
· Asuntos Exteriores
· Cooperación al Desarrollo
· Defensa
· Asuntos Económicos
· Hacienda
· Justicia
· Agricultura, Conservación de la Naturaleza y Pesca
· Educación, Cultura y Ciencias
· Asuntos Sociales y Empleo
· Transporte y Gestión del Agua
· Sanidad Pública, Bienestar y Deporte
· Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

El ministro de Cooperación al Desarrollo y el ministro de Grandes Ciudades e Integración de Minorías son ministros sin cartera, es decir, que no dirigen ningún ministerio. El primero está ligado al ministerio de Asuntos Exteriores; el segundo, al ministerio de Interior y Relaciones del Reino.

Además de ministros hay secretarios de Estado. Éstos se hacen cargo de una parte de la tarea del ministro, pero no forman parte del Consejo de Ministros. Los ministros y los secretarios de Estado forman juntos el gabinete. Por último, para evitar confusión, conviene mencionar que el Ministro de Estado no es un cargo, sino un título honorífico, concedido por el Rey en casos excepcionales, normalmente a antiguos ministros.

Además de los tres Altos Órganos del Estado fijados en la Constitución que se describen más adelante, el Gobierno cuenta con una gran cantidad de comisiones asesoras a las que pide asesoramiento. La más conocida es el Consejo Socio-Económico (SER) en el que tienen lugar reuniones de consulta entre el Gobierno, los empleadores y los empleados. El SER también se ocupa de supervisar las organizaciones empresariales de derecho público (corporaciones de productos y corporaciones de empresas) y da ejecución a determinadas leyes (p.ej. la Ley de Comités de Empresa).

El Consejo de Estado (el órgano de Estado más antiguo de los Países Bajos, establecido por el emperador Carlos V en 1531) es el organismo asesor de más alta jerarquía. El Consejo ha de ser oído por el Gobierno siempre que se haga una proposición de ley o decreto legislativo, o cuando se decida sobre la ratificación de un tratado por parte del Parlamento. El Consejo de Estado también puede hacer propuestas por propia iniciativa con respecto a la legislación o el gobierno. El Gobierno no está ligado a los asesoramientos del Consejo de Estado. El Consejo actúa además como entidad suprema en la administración de justicia en el derecho administrativo (véase más adelante el apartado Jurisprudencia).

La Sala General de Cuentas ejerce el control sobre la gestión financiera de los fondos públicos. Esta Sala está encargada del control a posteriori de los ingresos y gastos del Gobierno, los ministerios, empresas semiestatales y personas jurídicas con las que el Reino esté comprometido desde el punto de vista financiero. Por consiguiente, no entran en su ámbito de control las provincias, los municipios ni las Autoridades de Aguas. Los criterios de control son la legitimidad y efectividad de la gestión financiera que se ha llevado a cabo. La Sala General de Cuentas consta de tres miembros, el Gobierno nombra presidente a uno de ellos.

Desde 1982, los Países Bajos cuentan con un Ombudsman Nacional o Defensor del Pueblo. Se optó por nombrar a un Ombudsman porque existía la necesidad de una entidad independiente, junto a las entidades jurídicas ya existentes, para investigar la manera en que la Administración pública se comporta con respecto a los ciudadanos. Cualquier persona se puede dirigir directamente al Ombudsman solicitando una investigación sobre las actuaciones de una determinada entidad de la Administración. El Ombudsman también puede decidir, por sí mismo, incoar una investigación. Antes de emitir un informe definitivo de su investigación, envía los resultados a las partes interesadas. A continuación, dichas partes tienen oportunidad de reaccionar. Después, el Ombudsman hace público su informe definitivo, en el que incluye su opinión sobre la conveniencia de las actuaciones de la Administración. También puede añadir recomendaciones. El Ombudsman es nombrado por la Segunda Cámara para un periodo de seis años. Actúa de manera completamente independiente e informa a la Segunda Cámara.